Respetados miembros del Parlamento Europeo, distinguido amigo y Eurodiputado Hermann Tertsch, reciban el saludo de millones de colombianos que no quieren perder su patria; millones, que se resisten a ver caer su país bajo el peso del llamado socialismo del Siglo XXI. Un comunismo que condena la sociedad al exilio, a la pobreza y a la muerte.
Intervengo ante ustedes en este recinto con gratitud, por abrir sus puertas al debate sobre los desafíos que enfrenta hoy mi nación. No lo hago desde la confrontación, sino desde la responsabilidad de alertar al mundo libre sobre el deterioro institucional que vive Colombia.
Es la libertad el principio que nos convoca y hermana. Y, como ciudadana, senadora de la República y precandidata presidencial, vengo a denunciar el retroceso democrático, la persecución política y la deriva autoritaria que se cierne sobre mi pais.
Colombia atraviesa el momento más crítico de su historia democrática reciente. El gobierno de Gustavo Petro ha emprendido un camino que debilita las instituciones, socava la independencia de los poderes públicos y pone en riesgo la estabilidad política.
Su gestión ha introducido la idea peligrosa de que la ley es un instrumento al servicio del poder, y no un límite a su ambición.
El ataque sistemático a la prensa y la persecución a la oposición, son síntomas de una democracia asediada.
Hoy se estigmatiza al disidente, se instrumentaliza la justicia para acallar voces críticas y se utiliza el aparato estatal para promover una narrativa única, que busca legitimar el autoritarismo con el lenguaje de la inclusión. Los abusos de poder y la manipulación de la justicia, no pueden ser normalizados.
Por eso, lo que comenzó como una promesa de Cambio en Colombia, se ha convertido en una maquinaria de control político, comunicacional y judicial.
Hace más de un año, en mi ensayo titulado “La Democracia en Peligro”,
alerté al país y a la comunidad internacional sobre la amenaza creciente que representan las alianzas entre las guerrillas narcotraficantes, convertidas en estructuras criminales transnacionales, que operan en varios países.
Esa advertencia, lamentablemente, se ha confirmado. Las instituciones están siendo penetradas por intereses ilegales que utilizan el poder político como escudo y como herramienta de dominación.
El narcotráfico se ha convertido en un actor político con poder real. Lo que antes fue una amenaza clandestina, hoy se normaliza en el discurso oficial bajo el pretexto de una “paz total” que otorga beneficios jurídicos a grupos armados que continúan delinquiendo, mientras se promueven negociaciones sin condiciones y se confunde el perdón con impunidad.
Así, el Estado de derecho cede terreno ante estructuras criminales que, lejos de desmovilizarse, se fortalecen y aumentan el control territorial a través de las economías ilegales que además financian la política y alientan la corrupción.
La paz no puede construirse sobre la rendición del Estado ante el crimen. Sin autoridad, no hay Estado que proteja a sus ciudadanos. Y Las democracias no deben temer al diálogo, pero sí deben desconfiar de quienes lo utilizan como disfraz para ocultar la imposición autoritaria.
Por eso el gobierno actual, en su afán de construir una narrativa redentora, ha legitimado a los mismos actores que durante décadas destruyeron el tejido social, secuestraron, asesinaron y desplazaron a millones de compatriotas.
Y Mientras los responsables de crímenes atroces gozan de libertad y privilegios, los líderes de la oposición enfrentan persecución judicial y amenazas de muerte.
El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, símbolo de la defensa de la democracia y del combate al terrorismo, es prueba de cómo la justicia se ha convertido en instrumento del poder político. El próximo viernes el Tribunal superior de Bogotá deberá decidir si ratifica la condena o absuelve al Presidente Álvaro Uribe.
En contraste, los antiguos jefes de las FARC son hoy congresistas y portavoces del régimen, beneficiados por una justicia complaciente que los absuelve con penas “simbólicas” en perjuicio de sus víctimas.
La violencia política ha vuelto a teñir de sangre la vida pública. Los atentados contra líderes del Centro Democrático, como el que cobró la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe, evidencian que el odio ideológico se ha transformado en violencia real.
Ese mismo determinador del atentado terrorista y asesino de Miguel, El Zarco Aldinever, de acuerdo a la inteligencia policial, había pagado hace apenas unos años una gruesa suma de dinero por atentar contra mí y contra mi familia.
Las estructuras narcoterroristas que antes fueron perseguidas, hoy son alentadas desde el poder, generando un clima de miedo e incertidumbre que amenaza el proceso electoral de 2026.
Colombia fue, durante décadas, un ejemplo de alianza con el mundo libre.
Nuestra política exterior se construyó sobre tres pilares: la defensa de la democracia, la cooperación internacional y la lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo.
Pero esa política exterior está siendo reemplazada por un proyecto ideológico de aislamiento. El actual gobierno ha deteriorado las relaciones con nuestros aliados naturales.
La diplomacia colombiana pasó de ser un instrumento de integración, a convertirse en un mecanismo de confrontación. Y Ninguna nación puede prosperar sola, pues la soberanía se defiende con cooperación y respeto mutuo.
Nuestro futuro no está en la órbita del extremismo ideológico ni en la complacencia con las dictaduras del continente.
Para concluir, señores diputados, el pueblo colombiano merece elecciones libres, transparentes y seguras; donde cada voto cuente sin miedo y sin manipulación.
Por eso hago un llamado enérgico a la Unión Europea y a sus instituciones, para que garanticen una observación amplia, rigurosa e independiente del proceso electoral de 2026.
La vigilancia internacional no es injerencia; es defensa de la democracia. La presencia de Europa en nuestras urnas será garantía de transparencia y un mensaje inequívoco de que las democracias del mundo no abandonan a sus aliados cuando la libertad está en riesgo.
El autoritarismo se combate con vigilancia y solidaridad internacional. El silencio, en cambio, fortalece la impunidad y alimenta la manipulación del poder.
Por eso, esta solicitud no es un acto protocolario: una advertencia histórica. Si Colombia pierde su democracia, toda la región volverá a estar en inminente riesgo.
((Y, como si fuera poco, tenemos el respaldo del grupo terrorista Hamás al gobierno de Gustavo Petro, lo que debe ser una alerta que no puede ignorarse.
Esa manifestación pública de apoyo de una organización señalada por su violencia y su desprecio por la vida humana, confirma el rumbo equivocado de la política exterior colombiana. No se trata solo de un error diplomático, sino de una fractura moral. Cuando un grupo terrorista respalda a un gobierno democrático, algo grave está sucediendo.
En un acto de irresponsabilidad y sin ningún respeto, el presidente colombiano expulsó la misión diplomática de israel, suspendió el Tratado de Libre Comercio que fortalecía nuestra economía y debilitó los vínculos con un aliado clave en la lucha contra el terrorismo como lo es Israel. ))
Hoy levanto mi voz ante este Parlamento, para pedir que no nos dejen solos.
No nos dejen solos frente al avance del autoritarismo, frente a la expansión del crimen, frente al aislamiento diplomático que amenaza con cerrar las puertas del mundo libre a mi país, Colombia, la nación que ha resistido durante décadas la violencia del narcotráfico y del terrorismo.
Y ese futuro solo será posible si el mundo democrático permanece vigilante, firme y solidario.
La historia enseña que las democracias se pierden lentamente, pero se recuperan con valentía.
Y hoy, con esa misma valentía, les digo.
Colombia no se rendirá. Colombia defenderá su democracia. Colombia volverá al lado del mundo libre.
