De acuerdo con la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por medios de comunicación, la oficina regional de esa entidad habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del ICBF para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
El equipo directivo del ICBF del Magdalena habría adjudicado más de $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio desde hace mucho tiempo, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos en la región, (Organizaciones Indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias) se encontraban debidamente legalizados para contratar.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, así como un informe en el que se determinen los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la administración actual.
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