20 años de cárcel a exsecretario de Educación del Magdalena y otros dos implicados por corrupción

Un juez penal condenó a 20 años y 10 meses de prisión al exsecretario de Educación del Magdalena, Antonio José Matera Ramos, por participación en un caso de corrupción que desvió $5.000 millones destinados a la educación.

También fueron sentenciados la exfuncionaria de la Gobernación, Dubys Teresa Zagarra Palacios, a 25 años de prisión, y el contratista John Mairon Macías Sierra, quien recibió la pena más alta: 33 años y 4 meses de prisión.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación Colombia  a través de un comunicado reveló que los condenados participaron en el desfalco de un millonario contrato firmado en 2.013 entre la Gobernación del Magdalena y una fundación, por un valor de $18.531 millones. Este contrato tenía como objetivo brindar educación a 15.524 niños y adolescentes, pero solo 5.191 fueron atendidos, dejando a más de 10.000 menores sin acceso a clases.

El contratista debía ubicar y dotar las aulas, proporcionar materiales educativos y pagar a los docentes, pero nunca cumplió con estas obligaciones. En su lugar, presentó documentos falsos para justificar pagos, incluyendo contratos de profesores y facturas de una empresa cuya actividad principal era la venta de repuestos para automóviles.

A pesar de los incumplimientos, la interventoría del contrato, realizada por una universidad pública, certificó falsamente la ejecución del proyecto. Dubys Teresa Zagarra Palacios, en su rol de supervisora, dio su aval a estos informes, mientras que Antonio José Matera Ramos aprobó la certificación de cumplimiento y ordenó el desembolso de los recursos.

Las irregularidades permitieron que los condenados desviaran $5.000 millones, lo que llevó a que fueran hallados responsables del delito de peculado por apropiación. Además, Zagarra Palacios fue condenada por falsedad ideológica en documento público.

El fallo es de primera instancia, por lo que los sentenciados pueden apelar. Sin embargo, el juez determinó que las penas deben cumplirse en un centro carcelario.

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